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     LICITACIONES Y CONTRATOS PÚBLICOS.

   PROCEDIMIENTOS Y ADJUDICACIONES 

 

     Esta Web nace como un spin-off de LegalGemp, Consultores, Abogados y Asesores Empresariales, Despacho Jurídico y de Asesoramiento y Consultoría Empresarial, fundado hace ya bastantes años por María Luisa Doncel-Moriano Aragón y José Manuel Arroyo Quero.

 

      La Contratación Pública representa el 18,5 % del Producto Interior Bruto Español.

 

     Para ponerlo en perspectiva, pensemos que la principal actividad económica de nuestro país, el turismo, representa en torno al 11% del PIB.

 

     Por tanto, la decisión por parte de una empresa de considerar como "Cliente" al Sector Público es una decisión estratégica y como tal hay que considerarla, dotándola de los suficientes medios humanos, materiales y financieros. 

 

     En este marco, hemos considerado de interés el fomentar entre la Pequeña y Mediana Empresa, especialmente de la provincia de Cádiz, las posibilidades que ofrece la Administración Pública, en su más amplia acepción del término, a la hora de poder encontrar oportunidades de negocio y facturación de bienes y servicios.

 

     Advertir, por último, que dada la permanente actualización de datos en la materia que estamos tratando, es interesante que nos puedan seguir en Redes Sociales, en Facebook y en Twitter especialmente, por ser las de mayor difusión. 

 

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     Deseamos, sinceramente, que os sea de utilidad. 

LICITACIONES Y CONTRATOS PÚBLICOS. EL ACTUAL MARCO LEGAL Y NORMATIVO.

    INTRODUCCIÓN HISTÓRICA AL ACTUAL MARCO LEGAL. 

 

     Nos gustaría plasmar una breve reseña histórica para ubicar en su justo contexto el actual marco legal que rige en la materia.  

      La primera regulación general de contratos públicos apareció el año 1963, con la aprobación de la Ley de Bases de Contratos del Estado, cuyo texto articulado fue publicado dieciséis meses después. 

     Hasta entonces, la “materia de contratos” no existía, sencillamente, porque no había regulación que la soportase. 

 

     Con estas dos disposiciones se inicia la evolución de este sector del ordenamiento jurídico-público, que ha tenido cuatro hitos principales:

     ● el bloque normativo que denominaremos de los años sesenta, constituido por el antes citado texto articulado de 8 de abril de 1965 y sus dos sucesivos  Reglamentos, de 1967 (Decreto 3354/1967, de 28 de diciembre) y de 1975 (Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre)

     ● el bloque de los años noventa, motivado por la imperativa incorporación de la normativa comunitaria, e integrado por la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas y su Reglamento parcial, aprobado por Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo;

     ● el bloque de comienzo del milenio, constituido por el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio) y su Reglamento (esta vez general) aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre; uno y otro texto, impulsados por la profunda reforma que la Ley de 1995 sufrió en 1999, entre otras modificaciones

     ● y, finalmente, el bloque hoy vigente, iniciado con la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y culminado con la refundición hecha por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que deroga expresamente la antedicha Ley 30/2007

 

     Dicho lo anterior, preguntémonos el porqué de tantos cambios normativos en la legislación reguladora de Contratos Públicos.

     La respuesta nos la da el profesor D. Juan Alfonso Santamaría Pastor en una Ponencia de Abril de 2013 titulada, por cierto, "La constante e interminable reforma de la normativa sobre contratación pública". (Click para acceder al contenido íntegro de la Ponencia)

      En ella, el profesor nos apunta los motivos por los que a su juicio esta "legislación motorizada" (a la que se refiría Carl Schmitt en la década de los 50) ha fracasado estrepitosamente por lo que a la consecución de sus objetivos se refiere.  

     El propio profesor reconoce no saber responder con absoluto rigor,  en conciencia y puridad  a las consultas que se le puedan hacer en esta materia.  

     Citamos textualmente las conclusiones del ilustre profesor:  

     "La evolución acelerada de la normativa de contratos públicos ha seguido una senda de continuo incremento en extensión y complejidad, generando unos cuerpos legales enormes, confusos e inextricables en el que muy pocos saben orientarse. Ello ha llevado a consecuencias disfuncionales sumamente graves: la creación de un ambiente de inseguridad jurídica, la eliminación virtual de la jurisprudencia como fuente de interpretación y de cobertura de lagunas y, sobre todo, la aparición de niveles crecientes de incumplimiento y desconocimiento de la normativa, con el riesgo asociado, para los gestores públicos, de ser imputados por supuestos delitos de prevaricación. Y, en contrapartida, esta legislación no ha logrado un grado de consecución mínima de los objetivos que supuestamente ha perseguido: no ha conseguido crear un auténtico mercado único de compras públicas; no ha disminuido un ápice el nivel de corrupción; no ha logrado más que muy parcialmente la unificación de regímenes jurídicos; y, desde luego, no ha agilizado los procedimientos de contratación, sino todo lo contrario 

     En definitiva, la historia de la legislación de contratos es la crónica de un completo fracaso, sobre el que ya es hora de llamar la atención. (Hemos creado, para alojar el mercado de compras públicas, un hogar enorme e inhóspito, incómodo, constrictivo y complicado de entender y gestionar, rasgos que explican, aunque no justifiquen, los intentos de salirse del mismo; y, para mayor pesimismo, un hogar que se ha terminado convirtiendo en una suerte de establecimiento penitenciario, donde son severamente abortados todos los intentos de fuga, y que no tiene perspectiva alguna de desaparecer, porque ello requeriría que las instituciones comunitarias reconociesen su fracaso en una política en la que han puesto tanto empeño). 

     Como sabemos, existe una regla de sociología jurídica, según la cual el grado de probabilidad de aplicación efectiva de las normas está en función inversa a la inestabilidad de su contenido.

 

     No dejan de ser opiniones profesionales bastante cualificadas, pero opiniones al fín y al cabo. 

 

     Lo cierto es que en Agosto de 2015, la norma que rige la Contratación Pública en nuestro país es el ya referido Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

 

     Ello no es óbice alguno para que ya se esté estudiando una nueva modificación, plasmada en el Borrador de Anteproyecto de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

     Dicho Borrador de Anteproyecto, para quienes tengan especial interés en la materia, lo adjuntamos a continuación en un fichero PDF totalmente seguro.

FAMILIARIZÁNDONOS CON LOS CONCEPTOS LEGALES Y LA TERMINOLOGÍA HABITUAL.